La decisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de vender Monómeros Colombo Venezolana S.A. responde a la necesidad urgente de que esta empresa estratégica pertenezca efectivamente a todos los colombianos, consolidando así su presente y futuro soberano. Esta medida es relevante dado que la compañía opera actualmente bajo exenciones (waivers) temporales de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos), las cuales expiran en 2025.

La determinación representa, además, una victoria frente a la inmoral gestión derivada del acuerdo Duque-Guaidó de 2019, que pretendió instrumentalizar la empresa como herramienta de desestabilización política contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Esta maniobra, reñida con la ética empresarial, fue denunciada por actos de aparente naturaleza delictiva que desvirtuaron el propósito originario de la compañía.

Fertilizando soberanía

Monómeros Colombo Venezolana concentra su producción en la fabricación de fertilizantes y productos químicos industriales de alta especialización, entre los que destacan la soda cáustica, el ácido fosfórico, el amoniaco, el ciclohexano (caprolactama), el Meko y el sulfato de sodio.

Esta filial de Pequiven opera a través de dos complejos industriales estratégicamente ubicados en territorio colombiano: el Complejo Petroquímico Libertador Simón Bolívar en Barranquilla y el Complejo Petroquímico Antonio Nariño en Buenaventura. La estructura corporativa se completa con sus subsidiarias Vanylon (Barranquilla), Ecofértil (Buenaventura), Monómeros International (Islas Vírgenes) y Compass Rose Shipping (Bahamas).

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La planta principal, asentada en 52 hectáreas junto al río Magdalena, representa un activo industrial de primer orden con una capacidad anual de 1,3 millones de toneladas de sustancias orgánicas e inorgánicas destinadas a la agricultura intensiva. Dentro de esta producción diversificada, la empresa genera 30.000 toneladas métricas anuales de caprolactama, materia prima fundamental para la fabricación de nailon que abastece las industrias de confección, manufactura de redes, autopartes y plásticos industriales.

Acuerdos de soberanía alimentaria

Los gobiernos de Colombia y Venezuela suscribieron el 25 de julio de 2025 un acuerdo de confidencialidad que marca un paso decisivo en la operación de compraventa de Monómeros. La firma se concretó durante la VII Reunión de Ministros de Energía de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en Bogotá, con la participación del presidente de la Petroquímica de Venezuela (Pequiven), Román Maniglia, y el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma.

Este instrumento jurídico establece las bases para el intercambio seguro de información técnica y financiera entre ambas naciones, sentando las condiciones necesarias para avanzar en esta estratégica transacción empresarial.

De manera simultánea, Colombia y Venezuela evalúan ambiciosos proyectos de interconexión energética que incluirán a Panamá, donde ISA, filial de Ecopetrol, desempeñaría un rol estratégico. Esta iniciativa se enmarca en el memorándum de entendimiento firmado recientemente para establecer una Zona Económica de Paz, Unión y Desarrollo Binacional.

Zona binacional: un modelo de integración

La zona binacional promoverá inversiones en industria, agroalimentación, turismo y transporte, abarcando inicialmente los estados de Táchira y Zulia en Venezuela, junto con Norte de Santander en Colombia. El proyecto contempla una expansión gradual hacia otras regiones fronterizas.

Para impulsar el desarrollo productivo de esta región, ambos Estados se comprometieron a otorgar facilidades para las operaciones comerciales y cambiarias fronterizas, además de promover inversiones específicas para la zona.

El acuerdo contempla mejoras sustanciales en los pasos legales y aduanas, la realización de ferias comerciales binacionales y la organización de «un verdadero Concierto por la Paz» en la región fronteriza.

Entre los aspectos más relevantes del memorándum figura el desarrollo conjunto de proyectos de interconexión eléctrica entre ambos países, diseñados para fortalecer tanto el desarrollo productivo como la infraestructura y los servicios para la población de ambos lados de la frontera.

Adicionalmente, el documento establece la realización de inversiones conjuntas en la explotación, industrialización y distribución de gas y petróleo, con miras a consolidar la integración energética regional.

El acercamiento bilateral incluye el compromiso de definir estrategias conjuntas contra el crimen organizado y el narcotráfico, reconociendo estos desafíos como una responsabilidad compartida.

Desde la reapertura de la frontera entre ambas naciones, el intercambio comercial alcanza los 1.200 millones de dólares. Con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, se espera la implementación de nuevos mecanismos destinados a agilizar el comercio legal y reducir significativamente la economía informal en la región fronteriza.

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Para el exministro del Interior Gustavo García, esta operación liderada por el ministro Edwin Palma «representa un paso decisivo hacia la soberanía alimentaria, la reducción del costo de los agroinsumos y la consolidación de un modelo productivo nacional con sentido social y ambiental«. La recuperación de Monómeros —empresa con capacidad instalada para cubrir buena parte de esa demanda— permitirá reducir costos, dinamizar la economía rural, generar empleo y, sobre todo, poner el corazón productivo del país en manos colombianas.

El acuerdo se inscribe en la política del presidente Gustavo Petro de fortalecer la soberanía alimentaria nacional. Monómeros controla entre 30 % y 40 % del mercado de fertilizantes en Colombia, lo que la posiciona como pieza fundamental del sector agrícola nacional.

Palma advirtió que asegurar el control estatal de la planta contribuirá a estabilizar precios y reducir la dependencia externa de insumos agrícolas. El proceso contempla valoraciones independientes, exploración de mecanismos de pago y la posibilidad de estructurar la compra desde Ecopetrol, con apoyo de vehículos financieros especializados.

El Gobierno colombiano iniciará gestiones ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) para obtener una licencia que permita realizar transacciones sin vulnerar las sanciones existentes sobre entidades venezolanas.

La soberanía alimentaria reconoce a los pueblos el derecho a la seguridad alimentaria y les permite intercambiar con otras regiones producciones específicas que constituyen la diversidad de nuestro planeta. También exige un comercio internacional justo y propone que, en un ámbito de igualdad entre países y bajo el auspicio de la ONU, los intercambios comerciales sean dotados de un nuevo marco donde las políticas agrícolas apoyen una agricultura campesina sostenible tanto en el Norte como en el Sur, garanticen el derecho a la alimentación de la población, preserven el medio ambiente y estén protegidas contra el dumping.

Resultados en 2024-25

La empresa colombiana Monómeros cerró 2024 con cifras que reflejan su consolidación como referente regional en la producción de fertilizantes sostenibles. Según su informe de sostenibilidad, la compañía implementó un innovador proyecto de reducción del N2O (óxido nitroso) que, con respaldo financiero del gobierno alemán, permitirá poner a disposición del sector agrícola más de 300.000 toneladas anuales de fertilizantes verdes durante 2025.

Los resultados económicos acompañaron esta apuesta tecnológica: la empresa generó ingresos por valor de COP 798.220 millones, impulsados por un crecimiento del 17% en las ventas. Esta expansión se tradujo en la colocación de 412.225 toneladas de productos tanto en el mercado nacional como internacional, cifra que se complementa con las 76.026 toneladas comercializadas por su filial Ecofértil.

El grupo empresarial Monómeros así consolida su participación estratégica en tres sectores clave: el mercado de abonos, la nutrición animal y la industria nacional. El dinamismo productivo se evidenció en un incremento del 11% en el volumen de producción anual respecto a 2023, superando las metas establecidas en sus tres líneas de producción.

Más allá de los indicadores financieros, Monómeros desplegó una estrategia de fortalecimiento territorial que alcanzó a más de 500 pequeños productores y nuevos propietarios de tierras en los departamentos de Sucre y Córdoba. Esta iniciativa buscó no solo apoyar el éxito de las actividades agrícolas locales, sino fomentar la sostenibilidad de los emprendimientos rurales en regiones históricamente marginadas.

El compromiso social de la compañía se materializó a través de la Fundación Monómeros, que en 2024 impactó positivamente la vida de 5.800 personas en todo el territorio nacional colombiano, demostrando que la rentabilidad empresarial puede ir de la mano con el desarrollo comunitario y la justicia territorial.

Sobreviviendo a las intrigas

La petroquímica venezolana Monómeros Colombo Venezolanos atravesó una de las crisis más profundas de su historia. Los problemas financieros, que comenzaron a manifestarse en 2022 con una caída drástica de ingresos, llevaron a las autoridades colombianas a intervenir las operaciones de esta empresa estratégica del sector de fertilizantes.

Para septiembre de 2024, las pérdidas acumuladas superaban los 83.000 millones de pesos, mientras la compañía había dejado de honrar sus compromisos financieros de manera regular. Esta situación crítica obligó al regulador colombiano a asumir el control de Monómeros en diciembre pasado.

El 18 de noviembre de 2024, la Superintendencia de Sociedades de Colombia sometió a Monómeros al máximo grado de supervisión, una medida adoptada en el marco del proceso de venta de acciones de la compañía. Esta decisión limitó los derechos de propiedad de los accionistas como medida preventiva ante posibles riesgos que pudieran afectar el interés general de la industria.

La Superintendencia aclaró que su objetivo es preservar la empresa como unidad productiva y fuente generadora de empleo, sin que esto constituya una toma de posesión formal ni habilite al organismo para coadministrar las operaciones.

Denuncias judiciales

En 2021, Monómeros presentó ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla una demanda por competencia desleal contra las empresas Nitrofert S.A.S., Nitromon S.A.S. en liquidación y su matriz Nitron Group LLC.

La petroquímica venezolana acusó a estas compañías de violar la prohibición general de competencia desleal mediante actos de desorganización, confusión e inducción a la ruptura contractual. Según Monómeros, estas prácticas buscaban excluirla del mercado nacional de fertilizantes para ampliar la participación de Nitrofert en el sector.

Sin embargo, en enero de 2022, la jueza Jennifer Meridith Glen Ríos desestimó la aplicación de medidas cautelares solicitadas por Monómeros.

La operación corporativa Duque-Guaidó

En el centro de esta trama aparece Jorge Luis Pacheco Hernández, un ingeniero radicado en Colombia con vínculos políticos documentados en ambos países. En Venezuela mantuvo relaciones con dirigentes de Voluntad Popular —el partido de Juan Guaidó y Leopoldo López—, mientras que en Colombia se vinculó con el Centro Democrático, la organización política que llevó al poder a Iván Duque.

Pacheco fue quién en enero de 2019 entregó a Duque una carta de Guaidó solicitando congelar «los activos pertenecientes a la sociedad Monómeros Colombo Venezolanos». Como Duque había reconocido el gobierno de Guaidó como legítimo, la petición encontró terreno fértil para prosperar.

En 2020, mientras fungía como funcionario de Monómeros, Pacheco se apropió de una parte fundamental de la operación logística de la empresa. Los documentos revelan que es propietario de una compañía registrada en Delaware, Estados Unidos, que participó en un millonario negocio suplantando a una multinacional danesa.

Pacheco no solo ayudó a crear sino que se convirtió en directivo de una nueva empresa que compite directamente con Monómeros. Según las directivas de la estatal venezolana, esta maniobra forma parte de una estrategia orquestada por una antigua proveedora para desplazar a Monómeros del mercado y apropiarse de su negocio.

La crisis de Monómeros ilustra así no solo las dificultades financieras de una empresa estratégica, sino también la compleja trama de intereses corporativos y políticos que se tejen en torno a los activos venezolanos en el exterior.

El gobierno de Iván Duque (2018-2022) facilitó deliberadamente la toma de control de Monómeros por una parte de la oposición venezolana en 2019, haciendo caso omiso a las denuncias de corrupción que ya circulaban. La Superintendencia de Sociedades de Colombia, alineada entonces con las directrices presidenciales, intervino la empresa para legitimar esta controvertida transición, preparando así el terreno para el posterior ingreso de Nitron.

El sindicato de trabajadores de la empresa alertó en su momento sobre un convenio suscrito por los gerentes y la junta directiva con Lionstreet Ventures, S.A. —firma constituida en Panamá y catalogada como «empresa colaboradora»— que lesionaba gravemente los intereses de la compañía y violaba las disposiciones legales colombianas vigentes.

Fueron congresistas colombianos quienes expusieron públicamente las maniobras ejecutadas al interior de la empresa: no solo las irregularidades financieras, sino también el incremento sospechoso en la producción de urea, insumo directamente vinculado a la elaboración de cocaína y asociado con organizaciones criminales colombianas.

En ese contexto, la guerra de Ucrania provocó un alza generalizada en los precios internacionales de los fertilizantes, afectando particularmente el acceso de medianos y pequeños productores colombianos a estos insumos esenciales. De esta manera, Duque favorecía simultáneamente a las multinacionales y a las empresas de sus aliados políticos, persiguiendo un doble propósito: el beneficio económico sectorial y la desestabilización sistemática del gobierno venezolano.

Cuando Rusia respondió a la agresión ucraniana en febrero de 2022, los precios de los fertilizantes ya mostraban una tendencia al alza preocupante. La pandemia de COVID-19, con las interrupciones en las cadenas de suministro y los cuellos de botella en el transporte, había puesto a prueba la capacidad mundial para producir y distribuir estos insumos esenciales. En agosto de 2021, la mayoría de los precios de fertilizantes superaban en un 25% los valores de marzo del mismo año.

La guerra iniciada a principios de 2022 provocó nuevas disrupciones del transporte en la región del Mar Negro y la implementación de restricciones comerciales adicionales. Esta situación redujo el ya escaso suministro de fertilizantes y elevó los precios más del 50% entre febrero y abril de 2022.

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Nitron Group en América Latina

Nitron Group, con sede en Connecticut, Estados Unidos, ocupa el segundo lugar como distribuidor mundial de fertilizantes. Durante la administración Trump (2017-2021), la empresa aceleró su expansión en América Latina, aprovechando acuerdos con aliados como Mauricio Macri en Argentina para controlar infraestructuras estratégicas, particularmente la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Durante el gobierno macrista, los vecinos de Villa Constitución se organizaron contra la presencia de la empresa y enfrentaron represión estatal. Su primera acción, además de la recolección de firmas, consistió en solicitar una audiencia pública para que las autoridades explicaran las actividades de Nitron Group en la zona franca local.

Esta lucha ciudadana dio origen a la agrupación Villa Sin Venenos, que desde entonces ha crecido y se consolidado. De ser entre veinte y treinta personas en 2017, hoy sus asambleas no bajan de doscientas. Tras dos administraciones gubernamentales, los vecinos vuelven a denunciar su desamparo ante lo que califican como el «monstruo yanqui».

Con el retorno de Donald Trump a la presidencia estadounidense, Javier Milei retoma la agenda iniciada durante la era Macri. Según documenta El Cronista, en la Embajada de Estados Unidos en Argentina se realizó un acto de presentación de la asociación estratégica entre la firma norteamericana Nitron Group LLC y la argentina PTP Group Logistics, presidido por el embajador Mark Stanley.

«La asociación estratégica entre la norteamericana Nitron Group LLC y PTP Group Logistics, expresada en una inversión conjunta de 50 millones de dólares en el enclave franco de Villa Constitución, garantizará un flujo constante y creciente de fertilizantes estadounidenses», asegura la empresa.

La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye un área estratégica de este proyecto que aspira incluso a acceder al Mato Grosso brasileño. El incentivo que ofrece la multinacional a Paraguay es significativo: en lugar de recibir fertilizantes por camión desde puertos brasileños, el país se abastecería por vía fluvial a través de la Hidrovía, ahorrando hasta 150 dólares por tonelada.

La soberanía alimentaria colombiana, las restricciones a la voracidad de las multinacionales del agronegocio y una actitud firme ante las injerencias imperialistas —que representan figuras como Iván Duque y Juan Guaidó— están implícitas en la decisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de asegurar la permanencia de Monómeros en manos del Estado colombiano.

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